editorial de Expresiones #72, edición del 16 al 31 de enero de 2007
La política económica del gobierno, basada en una apertura total al mercado global como herramienta para el crecimiento económico, demuestra la subordinación de los objetivos sociales (distribución de oportunidades e ingresos) a la futura efectividad de medidas que ya han demostrado acarrear consecuencias nefastas en las condiciones de existencia humana durante las últimas décadas. Es como pedirle peras al olmo, por enésima vez.
La reforma del Estado que acompaña esta política económica, en los términos planteados, ordena el abandono de "sectores no prioritarios" abriendo la posibilidad de venta, concesión y apertura al sector privado; desregulación de mercados y eliminación de barreras, así impliquen comprometer la salud pública; garantizando seguridad jurídica a la inversión extranjera que ya nos desangra como país, mientras los panameños padecemos la histórica aplicación diferenciada de las normas y el desigual acceso a la justicia.
Somos testigos de la adopción de una política que sigue los lineamientos del mercado global, instrumentalizando los poderes del Estado para la implementación de medidas que implican la subordinación total de nuestra humanidad, junto a toda su producción cultural; a los requerimientos del comercio y del sistema financiero internacional, poniendo en entredicho -aún más- la efectividad de derechos humanos fundamentales, sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, en el plano individual y colectivo, mientras nos entretienen con teletones, prensa amarilla, novelones y "red de oportunidades".
Hay que distinguir el discurso que promociona políticas sociales incompletas, inefectivas e insuficientes, de las acciones que acompañan la política económica que instaura un totalitarismo de mercado, donde todo aspecto de la vida social se define por la necesidad de asegurar una rentabilidad, y no porque sea justa o necesaria su existencia; reduciendo al mínimo las obligaciones del Estado con el ciudadano y ampliando hasta el infinito los compromisos de lo que queda del aparato estatal con los organismos internacionales y las empresas transnacionales.
El crecimiento económico y el libre mercado han demostrado ser incapaces de mejorar las condiciones sociales, objetivo que para pasar del discurso a la realidad, únicamente puede apoyarse en políticas públicas que tengan como eje central un enfoque de derechos que reconozca la dignidad inherente al ser humano como elemento central de una desarrollo integral y ambientalmente sustentable.
Es decir, subordinando responsablemente la economía al bienestar de todos y no subordinándonos todos para el bienestar de la economía, que ya bastante bonanza ha tenido y nunca ha llegado a más de cuatro.
El Estado panameño se dirige hacia el totalitarismo de mercado dentro de un sistema formalmente democrático, el cual cada día más, en manos de las dirigencias políticas actuales, asfixia la posibilidad de transitar hacia una democracia social real, participativa, incluyente.
Consumir, acumular, competir, sobrevivir, expandir mercados, reducir costos, aumentar productividad no son verbos que definen una visión completa de país donde el individuo sea considerado algo más que elector, mano de obra barata o consumidor.
Un Estado que adopta estos principios como fundamentales pretende condenar a sus ciudadanos a ser únicamente instrumentos de producción y consumo. Y los ciudadanos no estamos obligados a definirnos de esa manera ni aceptar tales definiciones. Como seres humanos tenemos derecho a -por lo menos- una alternativa.
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